LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 8113 ANTEPROYECTO DE REFORMA APORTES A LA DISCUSIÓN

LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 8113 ANTEPROYECTO DE REFORMA APORTES A LA DISCUSIÓN, de Lista Fucsia Uepc

Mis notas|Notas sobre mí|Perfil de Lista Fucsia

LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 8113 ANTEPROYECTO DE REFORMA APORTES A LA DISCUSIÓN

Compartir

Las leyes son instrumentos jurídicos que utilizan los Estados para ejercer el gobierno de acuerdo a los fines expresados en una Constitución (Ley Fundamental, da fundamento, define las bases para todas las leyes).

En los Estados Capitalistas la Constitución y las leyes responden esencialmente a los intereses de los grupos hegemónicos o dominantes dentro de la sociedad; es decir al sector empresarial, las corporaciones formadoras de opinión y a los partidos políticos que se identifican con sus intereses. Esto no excluye la existencia de una cantidad importante de derechos que se reconocen a los demás sectores sociales, sino que los mismos están subordinados a los privilegios económicos y políticos de quienes son dueños de las empresas o representan a las corporaciones (por ejemplo las iglesias oficiales o predominantes).

A lo largo de la Historia, los trabajadores, los excluidos, las minorías, etc. han logrado con su lucha la sanción de leyes que reconocen sus derechos, por ejemplo el art. 14 bis de la Constitución Nacional o la Ley de matrimonio igualitario. Estas reformas a la legislación constituyen un auténtico avance en la democratización de la sociedad. También son la muestra palpable que los Estados no son inmutables y que la sociedad organizada los puede transformar. Pero estas reformas no alcanzan a cuestionar el orden vigente que se encuentra en manos de los que tienen el poder económico y político.

La reforma propuesta a la Ley 8113 se enmarca en la situación descrita ya que responde a los intereses hegemónicos de las corporaciones, las empresas y los partidos que defienden sus intereses. No se trata de un proyecto de ley progresista que realice un aporte aunque sea moderado al sistema educativo que la población necesita. Por el contrario, se trata de una reforma conservadora de antiguos privilegios (financiamiento a la educación privada); que vuelve al pasado al permitir la enseñanza religiosa en las escuelas; que pone el servicio educativo a disposición de los intereses de las empresas privadas…. Todos los demás aspectos que podamos considerar positivos en el anteproyecto, son subsidiarios a estos intereses y se enmarcan en algo que tiene su lógica: no incluirlos significaría un rechazo inmediato y los verdaderos intereses en las sombras se verían seriamente afectados.

Por eso en el análisis de la reforma es imprescindible centrarse en el fondo de la cuestión y no en algunos aspectos que funcionan a modo de maquillaje para los verdaderos intereses que están en juego.

De los autores del anteproyecto:

La discusión y redacción del anteproyecto estuvo a cargo del Consejo Provincial de Políticas Educativas creado por Juan Schiaretti y del antes dirigente sindical y ahora funcionario y patrón Walter Grahovac.

A Dicho consejo lo integraron:
Sector público: Universidades públicas, representantes del poder judicial, legislativo y del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sector privado: Universidades Privadas, asociaciones patronales de institutos privados, el Consejo Católico para la educación de Córdoba, las Fundaciones ARCOR Minetti por.
Sector gremial: UEPC, SADOP, ADEME, AMET Y UDA.

Teniendo en cuenta la letra y el espíritu del anteproyecto y los intereses económicos implicados, es evidente que está pensado para mantener y ampliar la ingerencia y los privilegios del sector privado en detrimento del sistema público de educación.

En cuanto a la función que cumplieron los entes oficiales en este Consejo, parece que únicamente se limitaron legitimar intereses ajenos a las necesidades de la escuela pública. Poco y nada de superador es lo que se puede encontrar en el borrador como para justificar la intervención y el apoyo de Universidades tan prestigiosas como las de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, etc. En cuanto a los representantes de los distintos poderes de gobierno, sabemos que están íntimamente ligados a los intereses patronales y no es de extrañar que sean los principales impulsores de la iniciativa.

Párrafo aparte merece la participación de los sindicatos docentes y en especial de la UEPC. Mientras la conducción de UEPC negociaba el proyecto con los empresarios y el gobierno, le daba la espalda a quienes se supone que son sus representados, los docentes. A pesar de que conocía paso a paso todo lo que se estaba discutiendo, se negó a convocar asambleas para que los docentes puedan decidir qué legislación le conviene a la educación pública. Sabemos que sus máximos dirigentes están en un todo de acuerdo con los gobiernos de turno y hace tiempo son funcionales a esos intereses en desmedro de las condiciones de trabajo de los docentes. Eso explica el deterioro de nuestros salarios y el aval a este proyecto de ley que abre también el camino a la flexibilización laboral.

A los fines de realizar un aporte a la discusión sin la intención de abarcar todo ni de agotar el debate; resumimos en los siguientes puntos aquellos aspectos que a nuestro entender resultan amenazantes para el futuro de la educación, de los educadores y la comunidad educativa en general:


• Al poner en pie de igualdad el financiamiento de las escuelas públicas con las privadas se perjudica al sector público. De aprobarse la ley se consolidará el financiamiento del Estado a las escuelas privadas y se garantizará la expansión del sector en el futuro. Salvo honrosas excepciones, la mayoría recibe subsidios, pago de sueldos y cobran altas cuotas mensuales (aún con estas condiciones económicas favorables, los docentes son víctimas de trato autoritario y de explotación). Mientras tanto la mayoría de las escuelas públicas seguirá recibiendo migajas de presupuesto y profundizará su función asistencial y de contención del malestar social en los contexto de pobreza.
• Se legaliza la injerencia de las empresas privadas en el diseño curricular, se subordinan los fines de la educación a sus necesidades empresariales y se las habilita para emplear mano de obra barata y precarizada mediante pasantías que “voluntariamente” realizarán los alumnos.
• Se pone en riesgo la estabilidad laboral de los docentes y las condiciones de trabajo al proponer la reforma del Estatuto.
• Se pierde el carácter laico de la educación pública al permitirse la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia Católica, principal impulsora y beneficiaria de esta medida, logra además que sus institutos conserven el privilegio de ser subsidiadas por el Estado.
• En cuanto al financiamiento del sistema, el proyecto no plantea ninguna revisión a la orientación de los gastos, tampoco establece ningún límite a la creación de nuevos servicios privados con subsidio estatal, ni un estudio de costos que permita conocer cuáles son las necesidades reales del sistema. El 30% propuesto y sujeto a una ley especial, no pasa de ser una propuesta en abstracto. Por lo tanto, teniendo en cuenta las carencias que sufren las escuelas (en la actualidad se destina el 25%), el crecimiento del sistema y el avance de la inflación, este nuevo porcentaje será también insuficiente para resolver los problemas del financiamiento educativo.
• Este proyecto define un marco jurídico muy general que en la etapa de reglamentación puede traer consecuencias tan inesperadas como desagradables. Por ejemplo lo ya referido a la creación de un “Estatuto específico que regulará los derechos y obligaciones”…de los docentes (art. 7); la legitimación de las cooperadoras escolares como centros de recaudación y financiamiento de las escuelas en reemplazo de las obligaciones del Estado (art. 105); la creación de un Consejo Provincial de Políticas Educativas integrado mayoritariamente por actores privados y corporaciones que se empeñan en someter la educación pública a sus intereses particulares (art. 89). Siguen ejemplos.

En virtud de lo expuesto, concluimos que la convocatoria a las apuradas para opinar sobre este anteproyecto es una verdadera falta de respeto y un atropello al legítimo derecho de los docentes a decidir sobre la cuestión educativa.
Desconfiamos de las intenciones de la reforma y de su contenido y le exigimos a UEPC, en su carácter de sindicato, que convoque inmediatamente a asambleas horarias y zonales para expresar el repudio a la iniciativa y para decidir las acciones a seguir.


Suscriben este documento, los siguientes delegados escolares

Enrique Ramírez (delegado deptal)
Clovis Roque
Dardo Gorostiaga
Lia López Díaz
Alejandro Rivas
Soledad Burnichón
Irma Romera
Juvenal Costantino
Miriam Sosa
Marina Romero

UEPC LISTA FUCSIA UEPC